En el marco del World Law Congress 2025, celebrado recientemente en Santo Domingo, con la participación de destacadas figuras del mundo jurídico global, se realizó un panel de alto nivel coordinado por Teodora Toma, directora de la World Jurist Association y también socia del despacho internacional Cremades & Calvo-Sotelo. Allí se discutió un tema que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional: el uso de la inteligencia artificial (IA) como mecanismo para transformar y fortalecer el acceso a la justicia.
Pero esto, lejos de ser una situación futurista, la inteligencia artificial ya está siendo aplicada en sistemas judiciales de países como Estonia, Brasil y el Reino Unido, con resultados tangibles en la reducción de la mora judicial y en la eficiencia del manejo de los casos. La experiencia comparada demuestra que la tecnología puede ser una aliada poderosa de los jueces, fiscales y defensores, permitiéndoles tomar decisiones más informadas en menos tiempo.
En el caso dominicano, la posibilidad de implementar IA en los tribunales debe verse como una respuesta práctica ante una realidad conocida: lentitud de procesos, la sobrecarga del sistema judicial y la necesidad urgente de ampliar el acceso a la justicia. La IA, debidamente aplicada, permitiría procesar grandes volúmenes de leyes, reglamentos, jurisprudencia y precedentes administrativos, facilitando así el trabajo de los operadores jurídicos mediante sistemas de asistencia inteligente, sin reemplazar el juicio humano el cual deberian supervisar.
Un ejemplo concreto sería el desarrollo de bases de datos alimentadas por normativa y decisiones previas, supervisadas por equipos técnicos de abogados y jueces.
Estos sistemas podrían generar borradores de sentencias, identificar contradicciones legales o acelerar trámites procesales, todo bajo el control y validación de los funcionarios judiciales.
La base legal para dar ese paso ya existe. La Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, establece el marco normativo adecuado para avanzar en esta dirección, ya que esta legislación reconoce que la tecnología debe ser una herramienta al servicio de una justicia más cercana, moderna y eficiente.
Es importante destacar que la implementación de estas tecnologías debe hacerse con estricto apego a los principios constitucionales. La IA no sustituye al juez, ni al abogado, ni a la parte procesal. Su función es la busqueda de mejoras en el acceso a la justicia, reducir los tiempo del sistema y liberar recursos que hoy.
Como abogado en ejercicio y testigo directo de las discusiones del World Law Congress, estoy convencido de que República Dominicana tiene ante sí una oportunidad histórica. No se trata solo de digitalizar procedimientos, sino de transformar estructuralmente el sistema de justicia.
El futuro de la justicia dominicana no está en competir con las máquinas, sino en aprender a utilizarlas inteligentemente para servir mejor a la sociedad. La mora judicial no es solo un problema técnico; es una deuda social. Y la inteligencia artificial puede ser parte de la solución.
