El “conceptualizador” de la política dominicana ha reavivado en la memoria colectiva los capítulos más oscuros de la vida institucional del país. Cada vez que intenta reposicionarse en la esfera pública, inevitablemente surgen los recuerdos de corrupción, impunidad y desfalcos que marcaron su paso por el poder.
Durante sus gobiernos, la República Dominicana fue testigo de un sistema eléctrico plagado de irregularidades, contratos sobrevaluados y una deuda energética que todavía hoy los dominicanos continúan pagando. Mientras se prometían soluciones definitivas al problema de los apagones, lo que realmente se consolidó fue una red de privilegios y beneficios personales disfrazados de políticas públicas.
No fueron solo las luces apagadas las que dejaron huella. También brillaron los escándalos de obras públicas con sobrecostos exorbitantes, en las que los fondos del Estado fueron manejados como botín político. El narcotráfico, que penetró como nunca en estructuras del poder, se convirtió en un fenómeno incontrolable, mientras la impunidad era la regla de oro en la justicia.
Uno de los episodios más preocupantes fue la utilización de más de 40 mil millones de pesos para fines electorales, desviando recursos que debieron invertirse en salud, educación y desarrollo. Ese “derroche democrático” no fue más que una burla a la ciudadanía, que todavía paga las consecuencias de una deuda política disfrazada de inversión pública.
El conceptualizador de ayer vuelve hoy con discursos pulidos y frases rimbombantes, intentando presentarse como garante de la institucionalidad, cuando en realidad su historial está manchado por el atraso, la corrupción y la inequidad social.
La República Dominicana no puede darse el lujo de retroceder hacia ese modelo de impunidad. La memoria histórica es un arma poderosa que debe servir para evitar que el país vuelva a caer en las mismas trampas de siempre. El pueblo merece avanzar hacia un sistema más transparente, con instituciones fuertes y sin los fantasmas de un pasado que tanto daño ha hecho.
Porque, en definitiva, el verdadero concepto de gobernar no es conceptualizar con discursos, sino materializar con hechos concretos el bienestar de la nación.
