En una democracia verdadera, el acceso a la información no puede depender de la capacidad auditiva de las personas. Comunicar es un acto de inclusión, y garantizarlo para todos los ciudadanos es un deber ineludible del Estado. En este contexto, resulta fundamental reconocer los avances institucionales que transforman el discurso de la equidad en acciones concretas.
Un ejemplo de este compromiso se observa en la Junta Central Electoral (JCE), bajo la gestión de su presidente, Román Jáquez. La institución ha mantenido un esfuerzo constante por mantener a la ciudadanía informada, abriendo caminos para que el servicio público sea verdaderamente accesible. Al incorporar y destacar la Lengua de Señas Dominicana en sus canales, la JCE no solo transmite datos procesales o electorales: transmite respeto, dignidad y transparencia.
En la República Dominicana no existen cifras oficiales consolidadas sobre la cantidad exacta de personas sordas; sin embargo, diversas estimaciones calculan que esta población oscila entre 150,000 y 200,000 personas. Estamos hablando de miles de dominicanos que, durante décadas, han enfrentado barreras invisibles para realizar trámites cotidianos, solicitar documentos de identidad o ejercer sus derechos civiles y estar informados.
Este impulso institucional encuentra su respaldo jurídico y político en un hito trascendental. En el año 2023, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 43-23, una legislación que marcó un antes y un después al reconocer oficialmente la Lengua de Señas Dominicana como la lengua natural y el sistema lingüístico oficial de las personas sordas en el país.
Iniciativas como las impulsadas por la JCE demuestran que es posible tender puentes hacia una sociedad más justa.
Máximo Miñoso Santoni
Director Medio La República www.periodicolarepublica.com
