Por el Lic. Juan Taveras de Oleo, psicólogo clínico y comunicador social
La reciente propuesta del nuevo Código Penal en la República Dominicana ha puesto en el centro del debate una inquietante realidad: el intento de limitar la libertad de expresión a través de la penalización de las grabaciones sin consentimiento y la difusión de contenido en redes sociales.
Como psicólogo y comunicador, observo con preocupación esta tendencia, pues más allá de lo jurídico, este proyecto legislativo tiene implicaciones profundas en la salud emocional y democrática del país. Cuando el pueblo siente que se le niega la posibilidad de expresarse, denunciar o simplemente manifestar su opinión en espacios como las redes sociales, se alimenta la frustración, la desconfianza en las instituciones y el aislamiento social.
La gente ha encontrado en su celular una herramienta de empoderamiento. En un país donde muchas veces las instituciones fallan, donde las denuncias formales no avanzan, grabar y compartir en redes ha sido el único medio para obtener justicia o al menos visibilizar un atropello. ¿Cuántos casos de abuso policial, negligencia médica o corrupción administrativa han salido a la luz gracias a un video grabado por un ciudadano común?
Es cierto que se debe proteger la intimidad y la dignidad de las personas. No se trata de fomentar el morbo ni la exposición sin límites. Pero el problema no es la herramienta, sino el uso que se le da. Y para eso existen ya leyes sobre difamación, delitos informáticos y derechos a la imagen. Lo que no podemos permitir es que, bajo el argumento de la privacidad, se introduzcan normas que sirvan para intimidar, censurar y controlar al pueblo.
Regular las redes sociales sin entender su papel en la expresión colectiva es desconectarse de la realidad de esta generación. Vivimos en una era donde la ciudadanía se informa, opina y se organiza digitalmente. Pretender silenciar las redes es apagar la voz de millones que no tienen acceso a los medios tradicionales.
Hago un llamado al Congreso Nacional, a los legisladores conscientes y al liderazgo político del país: no construyamos un Código Penal que encadene la democracia ni la libertad de nuestros jóvenes. Eduquemos, orientemos y fomentemos el uso ético de la tecnología, pero no reprimamos su existencia.
La salud mental de una nación también depende de la capacidad de su gente de expresarse, denunciar y ser escuchada. Callar al pueblo, por cualquier vía, es siempre una forma peligrosa de violencia institucional.
