La estabilidad del sistema financiero constituye un pilar esencial del orden económico y social de la República Dominicana. El Banco Central ha reiterado que el sistema financiero nacional es sólido, solvente y estable, sustentado en una regulación estricta y con adecuados niveles de capitalización. Dentro de ese marco, el Banco del Reservas representa una de las instituciones más fuertes del país y un soporte clave del ahorro y la inversión nacional, por lo que cualquier intento de sembrar pánico carece de base técnica y responde, en muchos casos, a intereses irresponsables o maliciosos.
La historia dominicana ofrece una lección que no debe olvidarse: el caso Baninter. En aquel momento, la especulación, los rumores y el miedo colectivo llevaron a miles de personas a ir a retirar sus ahorros, acelerando una crisis cuyas consecuencias aún resuenan en la memoria nacional. Ese escenario no puede repetirse en estos tiempos, cuando el país cuenta con un sistema de supervisión más robusto y un marco legal diseñado precisamente para evitar que la desinformación provoque daños sistémicos y una de las mejores economías de la región.
A la fortaleza institucional de Banreservas se suma la capacidad de su liderazgo. El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de la entidad, posee una trayectoria profesional que lo acredita como un gerente idóneo para conducir el principal banco del Estado. Su experiencia previa en la administración pública y en entidades estratégicas como REFIDOMSA evidencia una gestión orientada a la transparencia, la eficiencia y la estabilidad institucional, elementos que hoy garantizan la continuidad de una administración responsable en beneficio del país.
Desde el punto de vista penal y constitucional, la difusión de rumores sobre supuestas quiebras bancarias no es un acto inocente ni amparado por la libertad de expresión. El Artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera sanciona con penas de 3 a 10 años de prisión, además de multas, a quienes divulguen informaciones falsas o rumores destinados a desestabilizar el sistema financiero. Asimismo, el Artículo 419 del Código Penal castiga la especulación que afecte bienes de primera necesidad, reconociendo que la manipulación de expectativas económicas atenta contra el interés colectivo.
La Constitución de la República consagra la libertad de expresión, pero también impone límites claros cuando su ejercicio vulnera el orden público, la seguridad económica y los derechos de la mayoría. En consecuencia, quienes se dediquen a propagar murmullos, falsedades o alarmas financieras deben ser investigados y procesados conforme a la ley, en defensa del ahorro nacional y de la estabilidad del Estado.
La confianza se construye con información veraz y liderazgo responsable; el pánico, con rumores. Quién quiera destacarse buscando views, podría perder más por lo menos.
Por Máximo Miñoso, Abogado y Director del medio La República
