{"id":6482,"date":"2026-08-01T20:23:13","date_gmt":"2026-08-02T00:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/periodicolarepublica.com\/?p=6482"},"modified":"2026-08-01T20:23:13","modified_gmt":"2026-08-02T00:23:13","slug":"regular-el-alcohol-si-pero-por-ley","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodicolarepublica.com\/index.php\/2026\/08\/01\/regular-el-alcohol-si-pero-por-ley\/","title":{"rendered":"REGULAR EL ALCOHOL S\u00cd, PERO POR LEY"},"content":{"rendered":"

REGULAR EL ALCOHOL S\u00cd, PERO POR LEY<\/p>\n

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Por Jovanny Rodr\u00edguez<\/p>\n

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Las sociedades no se fortalecen cuando eliminan las reglas, sino cuando las someten al imperio de la ley. Esa es, en esencia, la gran ense\u00f1anza que deja la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declar\u00f3 inconstitucional el Decreto n\u00fam. 308-06, mediante el cual el Poder Ejecutivo regulaba los horarios para el expendio de bebidas alcoh\u00f3licas. Algunos han interpretado esta decisi\u00f3n como el fin de cualquier restricci\u00f3n sobre la venta de alcohol; sin embargo, esa lectura desconoce el verdadero alcance del fallo. El Tribunal no cuestion\u00f3 el objetivo de proteger el orden p\u00fablico y la seguridad ciudadana, sino el hecho de que una limitaci\u00f3n de esa naturaleza permaneciera durante a\u00f1os sustentada \u00fanicamente en un decreto y no en una ley aprobada por el Congreso Nacional, como exige la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

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La decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional, lejos de debilitar la capacidad del Estado para regular esta actividad, fortalece el Estado de derecho al recordar que toda restricci\u00f3n permanente al ejercicio de derechos debe tener un fundamento legal leg\u00edtimo. En una democracia constitucional, la libertad de empresa y el libre comercio son principios esenciales, pero ninguno de ellos es absoluto. El propio orden constitucional reconoce que corresponde al Estado armonizar los derechos individuales con la protecci\u00f3n de bienes superiores como la seguridad ciudadana, la salud p\u00fablica, la convivencia pac\u00edfica y el derecho de las comunidades a disfrutar de tranquilidad y orden.<\/p>\n

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La experiencia internacional demuestra que la regulaci\u00f3n de los horarios para el expendio de bebidas alcoh\u00f3licas no constituye una medida excepcional ni autoritaria. Pa\u00edses como Suecia, Noruega y Finlandia mantienen estrictos controles sobre la venta de alcohol; Canad\u00e1 delega esa regulaci\u00f3n en sus provincias; numerosos estados de los Estados Unidos limitan los horarios de comercializaci\u00f3n, mientras que Espa\u00f1a, Alemania y Australia permiten que las autoridades competentes establezcan restricciones adaptadas a las caracter\u00edsticas de cada comunidad. En todos estos casos se entiende que la regulaci\u00f3n no pretende restringir arbitrariamente las libertades, sino prevenir riesgos sociales y proteger el inter\u00e9s colectivo.<\/p>\n

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La Rep\u00fablica Dominicana tampoco puede ignorar su propia realidad. Los elevados \u00edndices de accidentes de tr\u00e1nsito relacionados con el consumo de alcohol, la violencia que con frecuencia acompa\u00f1a la vida nocturna, la contaminaci\u00f3n s\u00f3nica que afecta a numerosos sectores y los constantes conflictos derivados del expendio de bebidas alcoh\u00f3licas durante altas horas de la madrugada evidencian que este no es un debate meramente jur\u00eddico, sino un desaf\u00edo de pol\u00edtica p\u00fablica. Gobernar tambi\u00e9n significa prevenir, y prevenir exige reglas claras que permitan conciliar la actividad econ\u00f3mica con el bienestar de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

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Precisamente por ello, la sentencia del Tribunal Constitucional debe entenderse como una oportunidad para que el Congreso Nacional asuma la responsabilidad que le asigna la Constituci\u00f3n. El pa\u00eds necesita una ley moderna, equilibrada y fruto del consenso entre comerciantes, empresarios del sector tur\u00edstico, autoridades municipales, especialistas en salud p\u00fablica, organismos de seguridad y representantes de la sociedad civil. Esa legislaci\u00f3n podr\u00eda establecer horarios diferenciados seg\u00fan el tipo de establecimiento, la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica y las particularidades de cada actividad econ\u00f3mica, garantizando tanto la seguridad jur\u00eddica de quienes invierten como la protecci\u00f3n de los derechos de la colectividad.<\/p>\n

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Las democracias s\u00f3lidas no se caracterizan por la ausencia de normas, sino por la legitimidad de las normas que aprueban. La sentencia del Tribunal Constitucional no representa una derrota para las pol\u00edticas orientadas a reducir los efectos nocivos del consumo excesivo de alcohol; representa, por el contrario, una reafirmaci\u00f3n de que el respeto a la Constituci\u00f3n debe prevalecer incluso cuando los fines perseguidos sean leg\u00edtimos. El vac\u00edo jur\u00eddico que hoy existe no debe prolongarse ni convertirse en un espacio para la improvisaci\u00f3n, sino en el punto de partida para construir una legislaci\u00f3n m\u00e1s moderna, m\u00e1s equilibrada y m\u00e1s respetuosa del orden constitucional.<\/p>\n

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Corresponde ahora al Congreso Nacional transformar esta decisi\u00f3n judicial en una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones y responder a una demanda que trasciende intereses econ\u00f3micos o coyunturas pol\u00edticas. La verdadera discusi\u00f3n no es si debe regularse el horario para el expendio de bebidas alcoh\u00f3licas; la verdadera discusi\u00f3n es si tendremos la madurez institucional para hacerlo mediante una ley leg\u00edtima, proporcional y pensada en funci\u00f3n del bien com\u00fan. Porque cuando la libertad se ejerce dentro del marco de la ley, gana el comercio, gana la seguridad ciudadana y, sobre todo, gana la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n

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